A casi siete años de la muerte de Juan Gabriel se ha dado a conocer que existe otro testamento a su nombre que podría probar que su hijo Iván Aguilera no es su heredero universal.
Y es que al morir el cantante, en agosto del 2016, se dio lectura al supuesto testamento oficial que dejaba fuera de la fortuna a los otros hijos del artista. Sin embargo, este nuevo documento señala que los bienes de Juan Gabriel serán repartidos en partes iguales entre sus cuatro hijos.
En entrevista para el programa Ventaneando, Gustavo Herrera uno de los abogados del caso reveló que cuenta con el testamento oficial de Alberto Aguilera Valadez, mundialmente conocido como Juan Gabriel, por lo que buscará hacer justicia para todos los beneficiarios.
"En ese testamento deja como herederos a los cuatro hijos y cualquiera de los herederos o el albacea pueden denunciar la sucesión", explicó al programa de TV Azteca.
Con este documento, el especialista legal pretende impugnar la herencia de Juan Gabriel, valuada en más de 200 millones de dólares, ya que las circunstancias en las que Iván Aguilera fue designado como su único heredero a la fecha le parecen muy sospechosas.
"En el testamento que yo tengo y en el testimonio que yo tengo de diferentes personas que tuvieron un trato muy cercano con Juan Gabriel a los 4 los quería por igual, que casualidad que cuando muere está con él, qué casualidad que lo incineran de inmediato, esto se presta a cuestiones muy sospechosas", mencionó.
Gustavo Herrera explicó que sus servicios fueron contactados por el albacea de Juan Gabriel en la Ciudad de México, quien estaría muy interesado en hacer justicia con la fortuna del cantante.
"A mí quien me solicitó mi intervención fue el albacea y los hijos y es que a todos los deja por igual", mencionó.
En caso de comprobarse el delito de falsificación de Iván Aguilera, deberá devolver el dinero que le fue entregado, además de pagar una multa extra por daños y perjuicios, explicó.
"Pierde todo y se queda sin nada, además de que puede ser un delito de fraude procesal 310 del código penal. Tendría que devolver los 200 millones de intereses, daños y perjuicios", dijo.
